Latam Argentina deja de volar. La compañía, de capitales chilenos y brasileños, anunció el miércoles el cierre de su filial, con 1.715 empleados, tras varios años de crisis. “En el complejo contexto de la pandemia y sus consecuencias a largo plazo no resulta posible visualizar alternativas de continuidad para las operaciones”, dijo la empresa en un comunicado. La desaparición de Latam en el país deja a la sociedad pública Aerolíneas Argentinas en una situación cercana al monopolio, con la única competencia de las low cost Flybondi y JetSmart.
Las sucesivas oleadas devaluatorias que caracterizaron el mandato del conservador Mauricio Macri dañaron su capacidad financiera y se reflejaron en unas fuertes pérdidas: 132 millones en 2018, 133,4 millones en 2019. En 2019 ya cerró varias rutas. La competencia de una empresa subvencionada como Aerolíneas Argentinas también fue crucial. Entre 2011 y 2020, Latam Argentina perdió 325 millones de dólares. En ese mismo periodo, Aerolíneas, que en 2019 sufrió pérdidas por 680 millones y calcula unos números negativos de hasta 900 millones para este año, recibió del Estado 4.790 millones de dólares.
En cuanto la pandemia obligó a cancelar los vuelos en Argentina, el pasado 20 de marzo, Latam intentó negociar con los sindicatos una fuerte reducción salarial de hasta el 50%, pero no consiguió un acuerdo. Mientras la filial estadounidense suspendía pagos acogiéndose al capítulo 11 de la ley de quiebras para hacer frente a las deudas, la filial argentina no obtenía respaldo por parte del gobierno de Buenos Aires. Finalmente, ante “la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual”, se optó por el cierre. Los vuelos al exterior se reanudarán cuando termine la cuarentena, operados por otras filiales. Todas las rutas internas, con doce destinos en total, desaparecen. Los billetes adquiridos con anterioridad serán reembolsados.
Latam Argentina presentó el miércoles ante el Ministerio de Trabajo un expediente de Proceso Preventivo de Crisis para desvincularse de sus 1.715 empleados. El proceso puede ser complejo, porque una ley prohíbe despidos mientras dure en el país la situación excepcional por confinamiento y cuarentena.
Fuente: El País
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