La decisión implica la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales. El mandatario elude así el juicio político en su contra por supuestamente haber tolerado un presunto desfalco en una empresa estatal
La Asamblea Nacional de Ecuador amaneció este miércoles rodeada de militares y policías. A los políticos se les prohibió el paso al edificio, donde se iba a celebrar la segunda jornada del juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. El mandatario decidió frenar el proceso y decretó la disolución del Parlamento alegando que el juicio contra él, que podría provocar su destitución por haber tolerado un supuesto caso de corrupción, ha provocado una “grave crisis política” en el país. Al anunciar esta medida, que implica adelantar la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales, Lasso ha acusado al Parlamento de tener “como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”.
El mandatario se ha visto acorralado. En los últimos días había estado negociando votos entre la oposición para que el juicio político no saliera adelante, pero temía que a última hora la presión para su destitución fuera mayor. Lasso no quería que la que considera una Asamblea de poca talla política acabara con su mandato, por eso ha preferido invocar la figura constitucional que cierra su periodo, pero también el de los parlamentarios. De esta forma, incluso podría presentarse él mismo a los próximos comicios.
En un mensaje al país por la cadena nacional, el presidente ha anunciado que la decisión la tomó para dar una salida constitucional a Ecuador “por la grave conmoción interna” que vive el país. Con el decreto de muerte cruzada, como se conoce a este mecanismo constitucional, Lasso gobernará por decreto los próximos seis meses hasta la celebración de elecciones. El presidente ha explicado que ya ha solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria inmediata de los comicios “Esta es una acción democrática, porque devuelve a los ecuatorianos el poder de decidir su futuro”, ha dicho.
La medida, incluida en el artículo 148 de la Constitución, que establece que el presidente puede disolver la Asamblea una sola vez en los primeros tres años de Gobierno, la aplicó un día después de haber comparecido en el pleno del Congreso para defenderse, en una sesión que se prolongó 12 horas y que debía retomarse esta mañana. La bancada de la oposición lo acusa por un presunto delito de malversación al no haber tomado acciones ante un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker, que representó un perjuicio al Estado de al menos seis millones de dólares, según aseguran los interpelantes.
El mandatario ha dicho que ser presidente es “un honor sin comparación” e implica “tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda”. “Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado el Ecuador”. El presidente también negó las acusaciones por supuestamente haber tolerado el desfalco.
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